LA NECESIDAD DE LEGISLAR SOBRE LA SOBERANIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
Nuestra Sociedad demanda nuevos paradigmas sociales sobre la necesidad de legislar sobre la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional en la república argentina. En ese sentido, el Estado Argentino, debería atender la problemática de la Seguridad Alimentaría Saludable y Nutricional en el país, propiciando legislar sobre el Sistema de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional en pos del mejoramiento de los problemas alimentarios y nutricionales de las últimas décadas que venimos padeciendo. Es decir, el Poder Ejecutivo o el Congreso de la Nación deberían proveer un instrumento legal para llevar adelante una política activa del derecho a la alimentación y nutrición de nuestra población, en particular de nuestros ancianos, adolecentes y niños.
La norma debería propiciar como norte, la coordinación, la articulación, evaluación y priorizar las políticas y medidas sectoriales orientadas a garantizar la seguridad alimentaria de la población y en particular de los grupos vulnerables y aquellos en extrema pobreza; debiendo formular de manera concertada y participativa la estrategia nacional de seguridad alimentaria de mediano y largo plazo como "políticas de estado".
Esa ley debería establecer la creación del Consejo de la Soberanía de Seguridad Alimentaria y Nutricional presidida por el Presidente de la Nación o autoridad que designe para coordinar el mismo e integrada por los distintos Ministerios Nacionales, Provincias y Municipios del país en concertación de Lucha contra la Pobreza estructural de tantas décadas.
Es decir, la estrategia debería ser integrar las acciones y políticas sectoriales relacionadas al tema de manera coordinada, bajo un enfoque integral, tomando en cuenta aspectos relacionados con la disponibilidad, estabilidad en el suministro de alimentos, acceso y el uso de los mismos.
En ese contexto, la estrategia nacional de seguridad alimentaria debería guardar estrecha relación con la estrategia de superación de la pobreza estructural y oportunidades para los sectores vulnerables con mayores problemas de acceso al alimento, debiendo potenciarse mutuamente y generar las sinergias necesarias para conseguir los resultados esperados.
Ese esfuerzo vendría a sumarse a las acciones que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en coordinación con los Ministerios del área con las Provincias y Municipios en lucha contra la pobreza y en procura de mesas multisectoriales de desarrollo rurales en pos de la erradicación de la pobreza estructural.
Dicho ello, a tenor de los distintos casos de desnutrición infantil y la deficiencia de micronutrientes siguen siendo los principales problemas de nutrición en nuestro país. En menores de cinco años hay casos de desnutrición crónica, padecimiento de anemia, manifiesta deficiencia sub-clínica de distintas vitaminas.
La anemia por deficiencia de hierro es un daño nutricional ampliamente distribuido a nivel nacional que afecta a la población de diferentes estratos socioeconómicos, principalmente a los menores de dos años, en mujeres en edad fértil, la anemia afecta a un porcentaje elevado y en gestantes a un porcentaje elevado de mujeres.
La desnutrición crónica está asociada a la pobreza. Los niños menores de cinco años de hogares en pobreza extrema padecen de desnutrición crónica, comparado con los niños que no son pobres. Sin embargo, estos índices también esconden grandes diferencias entre grupos socioeconómicos tanto en ámbitos urbanos como rurales. La desnutrición crónica está también asociada al bajo nivel de instrucción de los padres, aclarando que un elevado porcentaje de niños desnutridos son hijos de madres sin instrucción. La edad de la madre al nacimiento del primer hijo constituye también un determinante de la salud y nutrición materna e infantil.
Otro elemento a tener en cuenta son los desórdenes alimentarios por falta de recursos económicos y por deficiencia en las condiciones de acceso al agua potable y saneamiento, sin embargo se requiere asegurar y reforzar las estrategias propiciadas desde el Ministerio de Salud y Desarrollo Social para evitar retrocesos en la materia.
Es menester señalar, que según la FAO, el 80% de las explotaciones agrícolas de América Latina y el Caribe son parte de la Agricultura familiar. Además, la Agricultura Familiar genera el 70% del empleo agrícola de la región, 20 millones de personas están directamente involucradas en los predios de la agricultura familiar y 10 millones da empleo directo a personas que no son miembros de sus familias. Los actores claves en la seguridad alimentaria son los pequeños y medianos productores agrarios, que dinamizan la economía rural, creando empleo, valor agregado, suministrando alimentos y generando paz social en nuestro país.
En enero de 2012, un nuevo Director General asumió el liderazgo de la FAO, con el claro desafío de contribuir a la reducción del número de personas que sufren hambre en el mundo y a la eliminación de la pobreza, a partir del aumento en la producción de alimentos, la mejora de las condiciones de vida de las comunidades rurales, y el manejo sostenible de los recursos naturales. A partir del mandato del Consejo de la FAO (reunido en Roma en el 144.º período de sesiones, del 11 al 15 de junio de 2012), la nueva administración ha establecido una agenda que incluye situar los servicios de la FAO más cerca de las prioridades de los países, en especial de los más vulnerables a la inseguridad alimentaria, así como impulsar un amplio diálogo social entre gobiernos, legisladores, la sociedad civil y el sector empresarial, cuyas alianzas son clave para enfrentar los desafíos de la seguridad alimentaria y nutricional, así como para que se otorgue relevancia política a la superación de la pobreza.
Los objetivos de desarrollo a ser alcanzados por los países miembros, con la cooperación técnica de la FAO. El primer gran objetivo es erradicar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, y se centra en fomentar el compromiso político para transformarlo en un objetivo clave para el desarrollo, e incluye la coordinación de políticas para asegurar que exista coherencia en el tratamiento de las distintas dimensiones de la seguridad alimentaria y nutricional.
Ello implica: a. La obtención de compromisos políticos explícitos para la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición. b. La adopción de mecanismos de gobernanza que impulsen la coordinación entre gobiernos y organismos internacionales y que permitan la rendición de cuentas respecto de las acciones realizadas dentro de los propios países. c. La formulación, ejecución, evaluación y supervisión de las políticas, programas e inversiones en los países destinados a la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición.
Ese objetivo principal se complementaria con otros cuatro que permitan la formulación de una estrategia de desarrollo más amplia: El aumento de la producción en forma económica, social y ambientalmente sostenible. Ese objetivo debe ser alcanzado mediante la conservación de la tierra, el agua y la base de recursos genéticos; una mayor eficiencia productiva; la diversificación, valorización y utilización de los servicios ambientales; y el aprovechamiento de las oportunidades socioeconómicas que ofrecen los productos de calidad, el etiquetado ecológico, la agricultura ecológica y la certificación de origen, especialmente para las cooperativas y organizaciones de agricultores.
La mejora de los medios de vida de las poblaciones rurales. La inseguridad alimentaria está estrechamente relacionada con la pobreza, la cual persiste particularmente en el medio rural. Entre sus principales factores determinantes se incluyen las dificultades de acceso a los servicios esenciales para la agricultura, como los financieros y de asesoramiento técnico, así como el acceso deficiente a los servicios sociales en general. A ello se suma la poca visibilidad y el insuficiente apoyo institucional que recibe la agricultura familiar, reconocida por su resiliencia y su importancia en la producción de alimentos básicos. Ante esto se requiere mejorar el acceso a los recursos productivos; fomentar las organizaciones de productores, cooperativas y de acción colectiva; aumentar el acceso a servicios sociales; y promover el empleo decente en el medio rural. Factores para mejorar los medios de vida de las poblaciones rurales El logro de sistemas agroalimentarios justos, inclusivos y eficientes.
Los sistemas alimentarios y agrícolas tradicionales deben mejorar su eficiencia y su sostenibilidad para enfrentar los desafíos y riesgos que se presentan para los agricultores familiares, y en general para los productores, procesadores y comerciantes más vulnerables, frente al desarrollo de sistemas agroalimentarios globales que experimentan procesos acelerados de expansión e industrialización.
La creciente complejidad del sistema agroalimentario mundial ha significado una progresiva exclusión de muchos agricultores familiares, sobre todo en los países emergentes, que no consiguen participar en condiciones que resulten más simétricas en relación con otros agentes que dominan esos mercados. Frente a esta situación, el principal desafío consiste en promover la existencia de mercados justos, inclusivos y competitivos, en los cuales los agricultores familiares puedan insertarse, creando o fortaleciendo sus cooperativas. El aumento de la resiliencia de los medios de vida ante amenazas y crisis alimentarias.
Los desastres naturales, las emergencias sanitarias, los aumentos inusuales en el costo de la vida y los conflictos armados pueden constituir, y constituyen en muchos casos, importantes amenazas para la seguridad e integridad de personas y poblaciones de la región. Garantizar que las zonas y la población afectada puedan superar estos episodios de crisis sin consecuencias graves debe ser un objetivo prioritario de los gobiernos.
Para ello es necesario establecer mejores sistemas de manejo de riesgos a nivel local, nacional y supranacional; ampliar la disponibilidad de información y los sistemas de alerta temprana; aumentar la resiliencia de las cadenas productivas y de los medios de vida de las poblaciones más vulnerables; y garantizar una presencia en forma continua de mecanismos de respuesta humanitaria frente a las crisis.
En forma coherente con estos objetivos globales de desarrollo, los países de América Latina y el Caribe consensuaron en la Conferencia Acceso a los recursos productivos Acceso a servicios sociales Empleo decente Organizaciones de productores, cooperativas y acción colectiva Mejora en los medios de vida y reducción de la pobreza rural.
El término agrícolas en este caso incluye a los sistemas pesqueros, pecuarios y forestales realizada en Buenos Aires en marzo de 2012 una agenda de políticas para los próximos años, integrada por tres grandes orientaciones. Dicha agenda responde a su vez al compromiso político asumido por los países en el marco de la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre de erradicar el hambre de la región para el año 2025.
Además, la Conferencia reconoció explícitamente la importancia de tener en cuenta las cuestiones de género en cada una de las siguientes áreas de política: La gobernanza de la seguridad alimentaria y nutricional. La región debe hacer valer su peso en la producción y el comercio mundial de alimentos, para jugar un rol más protagónico en la construcción de mecanismos de gobernanza de la seguridad alimentaria y nutricional a escala mundial, enfocándose especialmente en el desarrollo de mecanismos para alcanzar una mayor transparencia y regulación en los mercados agroalimentarios y financieros, así como en la diseminación a bajos costos de la tecnología necesaria para la adaptación de la agricultura al cambio climático en los países en desarrollo.
En el ámbito regional, en tanto, es necesario reforzar el apoyo a las instancias de integración política y económica orientadas a la seguridad alimentaria, particularmente mediante la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre, facilitar el comercio interregional de alimentos, mejorar la gobernanza de los sistemas de sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos en los sectores público y privado, y aumentar la transparencia y competencia en los mercados agroalimentarios.
En los países, finalmente, es preciso consolidar la legislación e institucionalidad de seguridad alimentaria y nutricional, y mejorar los niveles de transparencia y competencia en los mercados agroalimentarios domésticos. La inversión en agricultura y su adaptación al cambio climático, con prioridad para la agricultura familiar.
Un alto nivel de precios de los alimentos puede ser un estímulo para la inversión privada en la agricultura, siempre que los mercados funcionen de manera tal que esos precios lleguen a los productores, y que exista una política de inversión pública que genere los bienes públicos necesarios para consolidar ese crecimiento.
Si se considera que la agricultura familiar representa más del 80 % de las explotaciones agrícolas en la región, es trascendental su inclusión en el patrón de producción agropecuaria en la región, lo que requiere brindarle prioridad a la dimensión local y territorial de la seguridad alimentaria. Esta inclusión pasa inicialmente por brindar un mayor acceso a los recursos de tierra y agua, mejorar las oportunidades para la intensificación sostenible de su producción, mejorar el acceso a mercados, y contar con una sólida institucionalidad.
El acceso a los alimentos y los cambios en los patrones de consumo de los alimentos. En el corto plazo, es indispensable asegurar un mayor acceso a los alimentos para la población más vulnerable.
En resumén, la presente tiene como fin desde este lugar, intentar el interés de los poderes públicos, a los fines que se generen políticas públicas activas con la colaboración del sector privado de los medios de producción agroindustriales que contribuyan a aumentar sus ingresos, pero que asimismo incorporen nuevos trabajadores, y aseguren como principio y responsabilidad solidaria empresarial la ayuda alimentaria en poblaciones de mayor vulnerabilidad e impulsen campañas masivas de cambios de hábitos en el consumo alimentario y nutricional orientados a la integración en la dieta de alimentos más sanos y saludables para nuestra población que redundara en una mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos.