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LA NECESIDAD DE LA MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 246 Y 247 DEL CODIGO PENAL SOBRE USURPACION DE AUTORIDAD, TITULOS U HONORES.

22 June 2018

La necesidad de la modificación de los artículos 246 y 247 del Código Penal de la Nación sobre usurpación de autoridad, títulos u honores

En ese sentido, hay una iniciativa legislativa de la Diputada Hers Cabral, que propicia sustituir los artículos 246 y 247 del Código Penal de la Nación, a los fines de corregir los alcances e interpretación de la presente norma, y de precisar el tipo penal en distintas situaciones.

Al respecto, podemos precisar dos situaciones que comprenderían el tipo penal: a) Usurpación de Autoridad o Títulos u Honores b) Excluidos o Inhabilitados o suspendidos en el ejercicio profesional por el Colegio o Entidad que los agrupa. Es menester señalar, que a partir de la modificación del Código Penal en el año 1995, la Ley 24.527, incorporó el primer párrafo del art. 247, y que si bien mejoró la redacción del artículo, no coincide con la interpretación defendida por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y otras instituciones, en relación a la matrícula habilitante obligatoria para el ejercicio profesional en la jurisdicción correspondiente. Es dable recordar, que la norma vigente afecta el debido cumplimiento de los artículos. 1, 20 y ccs. de la Ley 23.187 y normas concordantes en materia del ejercicio profesional. En las distintas causas iniciadas a lo largo de los años, se pudo comprobar el impedimento de la aplicación de la norma en el encuadre de la conducta reprochable, implicando ello que el tipo penal vigente no contempla los casos descriptos en la norma que se propicia mediante el presente proyecto de ley de referencia. Nótese, que la actual redacción del artículo 247 del Código Penal, los Tribunales no han aplicado sanción penal en ninguna de las actuaciones realizadas contra abogados que no contaban con la matrícula habilitante correspondiente, en cuanto jamás la obtuvieron en la respectiva jurisdicción o se encontraban excluidos o inhabilitados o suspendidos para el ejercicio profesional. Es decir, en los casos de excluidos o inhabilitados o suspendidos cabe reseñar como antecedente jurisprudencial: Fallo “Perales”, en el cual habiéndose dictado sentencia condenatoria en un Juzgado Correccional de Capital Federal, se estableció que ejerció actos propios de la profesión de abogado a pesar de no estar matriculada o autorizada por la autoridad competente para el ejercicio profesional, en razón, que la letrada fuera excluida de la matrícula por sentencias recaídas por parte del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, sentencia que se encuentra firme y devino en cosa juzgada. En base al caso expuesto, y a los relevamientos efectuados en distintas causas iniciadas ante este tipo de casos o situaciones fácticas, ha sido difícil revertir el criterio adoptado por otras Fiscales y Jueces en lo Correccional. Más allá que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, se ha presentado en distintas ocasiones como parte querellante, resultando que tales causas han sido desestimadas por inexistencia de delito en el entendimiento que la actividad que ejercieron esos matriculados es propia de los abogados para lo cual poseen título habilitante (Título Universitario). Entonces se reconoce su actuación profesional pese a no contar con la correspondiente matriculación o autorización administrativa conforme lo dispuesto por la Ley 23.187, que regula el ejercicio profesional de abogado en la Capital Federal. Es más, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, descartó la tipicidad de la conducta de quien se desempeña sin colegiación al sostener: “…El tipo del art. 247 del Código penal, que por principio de especificidad resulta aplicable al caso, no sanciona la carencia de colegiación para el ejercicio de la profesión de abogado en un determinado territorio. Ello, en todo caso constituiría una falta que perturba los reglamentos de las asociaciones profesionales respectivas. Con ello corresponde homologar el auto que desestimó las actuaciones por inexistencia de delito”. Resultó ser acertada la resolución efectuada por de la Sala V en lo Criminal y Correccional al entender que la figura del artículo 247 del Código Penal, alcanza no solamente a quienes carecen de los conocimientos necesarios para ejercer la profesión, sino que también, al que teniendo un título que lo habilita, no se encuentra autorizado para ese ejercicio, por carecer de los requisitos administrativos para ello o por no haber obtenido la habilitación especial que exige el colegio público que gobierna la matrícula mediante resolución del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados. En ese entendimiento, el maestro Ricardo Núñez sostiene respecto al delito previsto en la primera parte del art. 247 del CP: “La acción punible consiste en ejercer, de modo ilegal actos propios de una profesión para cuyo ejercicio debe contarse con la habilitación especial del Estado Nacional o Provincial o ente privado en el que se ha delegado el poder de policía. Delinque quien ejerce una de esas profesiones careciendo del título habilitante o teniéndolo, no posee la autorización correspondiente”. En el Anteproyecto del Código Penal de la Nación efectuado por la Comisión para la elaboración del proyecto de Ley de Reforma actualización e integración del Código Penal de la Nación (Decreto PEN 678/12), en su nueva redacción formula en el Título XV Capítulo II Usurpación de autoridad, títulos y honores: Art. 253 Usurpación de títulos y honores 1. Será reprimido con prisión de seis (6) meses a dos (2) años e inhabilitación hasta cinco (5) años, el que ejerciere actos propios de una profesión para la que se requiere una habilitación especial, sin poseer el título o la autorización correspondiente. Que sin perjuicio de ello, la iniciativa legislativa propicia sustituir los artículos 246 y 247 del Código Penal de la Nación, a los fines que el tipo penal sea operativo en su debida interpretación y alcance, conforme la norma proyectada, entendiéndose que el aumento del mínimo y máximo de la escala penal obedece a los plazos de prescripción.