Avanza el trámite legislativo en la Comisión Bicameral del Digesto Jurídico Argentino en el Congreso de la Nación, del ordenamiento jurídico de leyes generales del país, que fuera plasmado por el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el mensaje 1049 del año 2011, y remitido al Parlamento para su tratamiento y control de las leyes que quedarán vigentes en el digesto sistematizado en 26 materias, de modo, que una vez aprobado por el Congreso de la Nación, se podrá ingresar al mismo por materia, lo cual implicará encontrar todas las leyes y normas asignadas a la misma, por ejemplo, Civil, Comercial, Penal, Medio Ambiente. etc.
Dicha Comisión Bicameral está integrada por cuatro Senadores y cuatro Diputados, designados por cada una de las Cámaras, que formen parte de las respectivas Comisiones de Asuntos Constitucionales, De Justicia y Asuntos Penales, Legislación General y de Presupuesto y Hacienda

En primer termino, cabe hacer algunas consideraciones con relación a la materia societaria, hay distintas modificaciones importantes, una de ellas en particular, tiene que ver con aplicar directamente la unanimidad como regla general, cuando de verdad en toda sociedad lo importante es la esencia, es decir, el manejo de la voluntad social, en otras, quién tiene la mayoría societaria, extremo que no resulta en forma concreta en la iniciativa legislativa de la unificación de Código Civil y Comercial, entendiéndose que tal mayoría tendría que estar expresado en el texto, toda vez, que ellos son los que más arriesgan en todo proyecto comercial.
Dicho ello, cabe señalar que la interpretación de la unanimidad proyectada se podría analizar como principio general salvo excepción y que este contemplado en el estatuto, lo que devendría que eventualmente pueda ser observada por el órgano de control al momento de la autorización de existir, funcionar y operar comercialmente, conllevando que de existir la mínima posibilidad de la discrecionalidad sobre esta cuestión tan importante que el fin principal es la iniciación de toda sociedad, parecería muy complejo avanzar en ese sentido en procura de asegurar la seguridad jurídica.

DEFENSA DEL CONSUMIDOR Ley 26.361 Modificación de la Ley Nº 24.240

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, dictó la Ley 26.361, modificatoria de ley 24.240, sancionada el 12 Marzo de 2008, publicada en el Boletín Oficial el 7 de abril de 2008. Resulta relevante señalar como cuestión previa que en el Número 91 de esta revista se, público una nota titulada "Reforma Integral a la Ley 24.240 de Defensa del Usuario y Consumidor", Dicho artículo tuvo como razón principal informar a los matriculados que el 9 de agosto de 2006 la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, había aprobado la inclusión de las profesiones liberales como sujeto proveedor, al considerarse que el vínculo "profesional - cliente" debería integrar las relaciones de consumo.
Al ser considerada por el Honorable Senado de la Nación tal iniciativa legislativa de la Cámara Baja, se introdujeron fuertes cambios al Proyecto de Ley sobre Reforma Integral de la Ley 24.240. Así, se estableció expresamente en el art. 2 Ley 26.361 que no están comprendidos en esta ley los servicios profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello.

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el 11 de abril de 2007, ha aprobado un proyecto de reforma del Artículo 45 del CPCCN, el cual está a la fecha a estudio por el Honorable Senado de la Nación, el que dispone: "ARTICULO 1°.- Modifícase el artículo 45 (texto según la ley 25.488, artículo 2º) del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Temeridad o malicia. Cuando se declarare maliciosa o temeraria la conducta asumida en el pleito por alguna de las partes, el juez le impondrá una multa valuada entre el diez y el cincuenta por ciento del monto objeto de la sentencia. En los casos en que el objeto de la pretensión no fuera susceptible de apreciación pecuniaria, el importe no podrá superar la suma de $ 50.000. El importe de la multa será a favor de la otra parte. Si el pedido de sanción fuera promovido por una de las partes, se decidirá previo traslado a la contraria.